Esta resolución llega luego de varios reclamos por parte de los organismos de derechos humanos y del Gobierno nacional para evitar demoras innecesarias.
Con tal fin, el máximo tribunal decidió la puesta en marcha de un sistema para reemplazar a jueces en casos de licencias, recusación y/o enfermedad.

También se establece que en las causas penales donde fuese necesario completar la integración con alguna de las cámaras federales con asiento en las provincias, se podrá recurrir a cualquiera de los jueces de grado y materia del distrito judicial donde se compruebe tal déficit.
Entre otras medidas, para evitar la demora innecesaria de los juicios, se prevee realizar convocatoria de un magistrado jubilado que esté designado de conformidad con lo previsto por la Constitución Nacional.
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