En el día de hoy, 17 de febrero de 2012, el Tribunal Oral Federal presidido por el Juez Ad-hoc Pedro Ibáñez con el acompañamiento del voto del juez Casas y el voto en disidencia del juez Giménez Montilla, concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida coronel (r) Ramón Warfi Herrera (foto).
Ramón W. Herrera quien se mantuvo prófugo de la justicia por más de 2 años, había sido capturado a mediados de diciembre de 2011 en la provincia de Santa Fé y trasladado al Penal Federal de Colonia Pinto en nuestra provincia, lugar donde se encuentran quienes cumplen prisión por delitos de lesa humanidad. Herrera está imputado en múltiples delitos aberrantes tales como secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura cívico-militar implantada en 1976 cuando se desempeñó como Jefe de la Policía Provincial, una institución clave en la implementación del plan de aniquilamiento de opositores políticos y de destrucción del aparato productivo de nuestro país.
Como lo afirmò el Fiscal Federal G. Gimena en su alegato oponiéndose al beneficio, el grupo de tareas integrado por Musa Azar, Garbi, López Veloso (solo por citar a quienes ya se encuentran condenados a perpetua por delitos declarados imprescriptibles por la Justicia Argentina) actuaban bajo la responsabilidad del hoy beneficiado quien luego de ser jefe de la Policía en la provincia prestó servicios- a partir del año 1979- en el Comando del II Cuerpo de Ejército en Rosario. Con posterioridad pasa a revistar en la Escuela de Inteligencia con sede en la provincia de Santa Fe. Cabe aclarar que desde 1971 y con el grado de Capitán es ya un oficial de la Inteligencia Militar, habiendo realizado cursos en Estados Unidos y Venezuela entre otros. Es así que en 1982 llega a desempeñarse como Sub-director de la Escuela de Inteligencia Militar a cargo del “Programa de Recuperación de Subversivos Procesados”.
La resolución tomada en el día de la fecha por el tribunal presidido por Pedro Ibáñez (quien se desempeñó como funcionario judicial durante el juarismo y fue acusado de ordenar el espionaje a las Madres del Dolor a fines de los 90), no hace sino confirmar su decisión de trabajar por la continuidad de la impunidad de los genocidas, a contrapelo de la decisión de los poderes del Estado y de la sociedad argentina que declararon el juzgamiento y la condena de estos delitos de interés prioritario para la Nación.
Hay que destacar que estos mismos funcionarios son los que concedieron el beneficio de la excarcelación al genocida D’amico y al represor ex policía Roberto Díaz que luego de ser excarcelado se profugó, situación que se mantiene hasta el presente. Sería demasiado ingenuo pensar que el imputado Ramón W. Herrera, no adopte la misma conducta que Díaz, sobre todo teniendo en cuenta que la legislación argentina prohíbe el juicio en ausencia de los imputados.
ASOCIACION POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA - FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y EX PRESOS POLITICOS DE SGO. DEL ESTERO
