jueves, 26 de julio de 2012

Amplían la imputación para Musa, Garbio, Ramiro López, Laitán


El Tribunal Oral Federal (TOF) resolvió ampliar la acusación a represores por delitos de contenido sexual, en el marco del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la última dictadura militar en Santiago del Estero.
Por unanimidad, el máximo tribunal presidido por Graciela Fernández Vecino, resolvió “la admisibilidad parcial por delitos de contenido sexual” en perjuicio de los ex presos políticos Alcira Chávez, Cristina Torres y Luis Garay.
En la reanudación del juicio oral, que se lleva adelante en los Tribunales de Santiago del Estero, el tribunal hizo lugar en forma parcial al pedido del fiscal federal Gustavo Gimena, relacionado con testigos que aseguraron haber sido víctimas de “violaciones y abusos sexuales” mientras permanecieron detenidos en el Departamento de Información Provincial (DIP), conocida como la “Side santiagueña”.
En la misma resolución, el TOF no hizo lugar a la imputación del delito de “robo en poblado y banda” al que hicieron alusión algunos ex presos políticos que prestaron declaración como testigos del juicio oral y público.
“Desde la Fiscalía nos sentimos dolidos porque no hicieron lugar a nuestro pedido de ampliación de acusación por robos agravados, porque así como hemos considerado que en este juicio se podía juzgarlos por delitos sexuales que no fueron imputados originalmente, con el mismo razonamiento entendemos que también lo serían los robos que hacía este grupo de tareas al momento de secuestrar a las personas”, expresó Gimena en tal sentido.
Asimismo, el titular del Ministerio Público Fiscal expresó en diálogo con la prensa que “era motivo de juzgamiento y comprobar en el mismo juicio que además de ser torturadores, secuestradores, asesinos y violadores, también eran ladrones de pertenencias”.
Entre los planteos que fueron desestimados, estuvo el de los abogados defensores de los represores quienes querían que se considerara como un “error en el modo de proponer” del fiscal Gimena y la “falta de acción y jurisdicción del tribunal”.
Fuente : El liberal


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