y dos conjueces, en este caso abogados de nuestro medio, Eduardo F. Coroleu y Guillermo Ruiz Alvelda (foto pelado)
, decidió sobreseer total y definitivamente por prescripción de la acción penal de los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia” de los que estaban acusados los ex – jueces y cómplices de la dictadura Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga ( o Santillán según la oportunidad)(foto) interpretando que dichos delitos no son de “lesa humanidad”. 
Es necesario recordar que el 16 de diciembre de 2004 el renunciante ex - juez federal Ángel Toledo decide sobreseer total y definitivamente a estos dos jueces de la dictadura sin siquiera habérseles tomado una declaración indagatoria. El tribunal de Apelaciones Federales refrenda la decisión de Toledo y el Ministerio Público Fiscal apela ante la Cámara Nacional de Casación Penal esta injusta y aberrante decisión. Recientemente Casación resolvió dar curso a la apelación interpuesta hace siete años y en cumplimiento de lo dispuesto por la misma, se constituye el tribunal conformado por Ibañez, Ruiz Alvelda y Coroleu, cuya reciente resolución rechazamos de plano.
Ante lo resuelto preguntamos:
¿Quienes son entonces los responsables de secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura militar y efectivizadas a través de un plan sistemático de exterminio implementado desde el Estado convertido en terrorista y del cual funcionarios judiciales, al menos estos, con su silencio comprometido, su acción y omisión, coadyuvaron a sostener? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si se hubiera dado efectivo curso a los cientos de Habeas Corpus presentados por familias desesperados por conocer el destino de sus familiares? ¿Cuánto sufrimiento se hubiera evitado si hubieran investigado las innumerables denuncias que llegaron a sus despachos sobre las torturas y atrocidades cometidas en las cárceles y centros clandestinos de detención?¿Qué responsabilidad le cabe a un juez federal y a un fiscal, que permitieron que
torturaran salvajemente a los presos que estaban a su disposición o como en el caso de Cecilio Kamenetsky y Mario Giribaldi, los fusilaran? ¿Y ninguna responsabilidad les cabe a Arturo Liendo Roca y Santiago Olmedo de Arzuaga después de haberse comprobado en el reciente juicio que los policías a los que ellos mismos absolvieron porque se había tratado de un “intento de fuga” no era otra cosa sino un fusilamiento y por ello Musa Azar, Ramiro Lopez Veloso y Garbi fueron condenados a prisión perpetua? A lo dicho se suma la fuga de Roberto Díaz Cura ex – integrante del grupo de tareas que comandaba Musa Azar, imputado por homicidio calificado, detenciones ilegales y torturas en el Grupo 3 de la llamada Megacausa, quien a pesar de las graves acusaciones que obran en su contra fuera excarcelado en el año 2010 por resolución del Tribunal de Apelaciones presidido en ese entonces -coincidente y sospechosamente- por el mismo Pedro Ibáñez, quien también excarceló al represor Jorge D’Amico, compañero de andanzas en el último gobierno juarista, cuando mientras Ibañez ocupaba el cargo de Juez del Crimen en la Justicia provincial, fue acusado por las Madres del Dolor de “abuso de poder y violación de los deberes de funcionario público” al ordenar escuchas telefónicas a integrantes de esa agrupación violando su privacidad.
Esto decía nuestra Asociación en el año 2010 ante la decisión del Tribunal Federal presidido por Pedro Ibañez: “La excarcelación del represor Roberto Díaz … … no solo es una decisión que rechazamos sino también fuente de seria preocupación… … no solo para los testigos-víctimas y familiares sino para la sociedad en su conjunto que en este momento y gracias a la sustanciación del juicio por el asesinato de Cecilio Kamenetsky estamos animándonos a denunciar y testimoniar las gravísimas violaciones a los derechos humanos de que hemos sido víctimas y/o testigos (antes y después de la dictadura militar)… … y que empezábamos a reconciliarnos con el valor justicia y con el poder judicial -que es quien la imparte- pero que hoy, lamentablemente, ante esta decisión de este Tribunal de Apelaciones tenemos la obligación de cuestionar ya que prolonga la impunidad … ….” Hoy Roberto Díaz Cura se encuentra prófugo de la justicia que tenía la obligación de juzgarlo.
A quienes desde hace más de treinta años venimos procurando Justicia nos causa profunda indignación ver que quienes tienen hoy el deber y la responsabilidad de impartirla, por el contrario, siguen consolidando con sus decisiones el muro de impunidad detrás del cual se refugian y amparan aquellos que tienen la conciencia y las manos manchadas con sangre de cientos de santiagueños, pretendiendo escapar de un destino que gracias a la voluntad popular, es y será inexorable.
Santiago del Estero, jueves 9 de junio de 2010.-
Asociacion por la Memoria, La Verdad y la Justicia de Familiares de Detenidos Desaparecidos y ex Presos Políticos de Santiago del Estero
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