El juicio contra los responsables de la desaparición y muerte de Cecilio Kamenetzky que se celebrará a partir del 10 de agosto.

La presidenta de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Cristina Torres destacó la importancia y a su vez la expectativa en los grupos de derechos humanos por el juicio contra los responsables de la desaparición y muerte de Cecilio Kamenetzky que se celebrará a partir del 10 de agosto. Sin embargo, también pidió que se concretara “a la brevedad posible” el juzgamiento de los responsables de las otras víctimas santiagueñas que tuvo el terrorismo de Estado en la década del 70.
La dirigente señaló: “Venimos exigiendo esto desde que pusimos la querella, la expectativa es que se haga como lo han fijado, en agosto en el caso Kamenetzky y que los otros juicios que están esperando se hagan en la brevedad posible. Éste es un proceso que ya lleva 7 años y del cual los tiempos para instruir la causa se han visto muy superados”.
Puntualizó que “el juicio a las Juntas Militares ha demorado mucho menos”, al hacer una comparación con el tiempo que demandó el proceso hasta que finalmente se fijó el inicio de las audiencias públicas donde serán juzgados los responsables del secuestro, tortura y asesinato del joven estudiante de abogacía. Se trata de Musa Azar Curi (procesado en 100 casos de violación a los DD.HH.), jefe del Departamento de Informaciones Policiales; los ex policías Miguel Tomás Garbi, Ramiro López Veloso, y los ex militares Jorge Rafael Videla, Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. “Todo esto sin contar los treinta y pico de años que pasaron”, agregó.
Torres sostuvo que a esta altura de las circunstancias, “la demanda ya es una exigencia, entendemos que esto es un compromiso porque el Estado nacional decidió que se cumpliera por los familiares, por nuestros hijos y por el futuro de nuestro país, para que se conozca de una vez por todas la verdad y que esta etapa quede cerrada”.
Añadió que desde el organismo a su cargo y de parte de las personas a las que representa, “entendemos que al concretarse el primer juicio de lesa humanidad va a ser central porque el hecho de que sean audiencias orales públicas, va a permitir un mayor conocimiento de la sociedad de los hechos que han sucedido en Santiago del Estero en esos años y porque esto fue sólo una historia, la contada”.
Manifestó que aún no se conoce que pasó con las desapariciones, las muertes y los secuestros de muchas personas, y lamentó que los responsables se muestren reticentes a dar información sobre los desaparecidos.

Nota publicada en El Liberal

Detenidos en Tucuman

La nómina que un testigo que estuvo secuestrado y luego trabajó para la policía entregó a la Justicia tucumana documenta 293 casos de secuestros. En 195 personas figura la observación “DF”, que significa Disposición Final, es decir que fueron asesinados. También aportó fotocopias de 28 fotografías, una nómina de “Operativos aprobados pendientes de ejecución” y otra de “DS (delincuentes subversivos) que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”. Aparece la firma de uno de los represores acusados en la causa, Roberto Heriberto Albornoz.
Por Ramiro Rearte
Desde Tucumán
Son 293 nombres. Escritos prolijamente con una máquina de escribir por orden alfabético. Nueve páginas. Los apellidos están en mayúscula. En la segunda columna están los alias, varios casilleros están en blanco. La tercera se titula observaciones y allí figuran DF, Libertad o Disp. PEN. Así es la lista que entregó el martes a la Justicia tucumana Juan Carlos “El perro” Clemente al declarar como testigo. Es el registro documental de 293 secuestros, realizado, según el testigo, en la jefatura de policía de Tucumán, donde funcionó un centro clandestino de detención. En 195 casos figura DF, “Disposición Final”, es decir que fueron asesinados.
Clemente entregó a los jueces dos biblioratos. Allí no sólo está la lista en la que se detallan los nombres de los secuestrados y qué pasó con ellos (libertad, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o Disposición Final), sino también fotos con los seudónimos de cada detenido. Hay fotocopias de 28 fotografías de personas, que en muchos casos tienen la indicación “NG” (nombres de guerra), una lista denominada “Operativos aprobados pendientes de ejecución”, que contiene los nombres de 28 personas, y otra titulada “Nómina de DS (delincuentes subversivos) que actualmente se encuentran en la clandestinidad cuya captura se hace necesaria”, que incluye los nombres de 36 personas.
El testigo también aportó una nota firmada por uno de los represores acusado en este juicio de la muerte y desaparición de 22 personas, Roberto Heriberto Albornoz, en la que instruye al 2º jefe del Departamento de Inteligencia (D2) para que investigue a un militante tucumano, Flavio Orlando Villafañe. “Era amo y señor de las personas”, dijo Clemente sobre Albornoz, cuya firma figura en los documentos. En otra foja, bajo el título, “nómina de delincuentes subversivos que se encuentran en la clandestinidad”, se observan anotaciones manuscritas. Y en otra se detallan las personas “cuya captura se hace necesaria”. También hay escritos en donde se resalta “nómina de cadáveres identificados por la sección dactilografía durante el año 1975” y un acta de “entrega del cuerpo de Susana Inés Strelzik (cuatro fojas)” y la entrega del cuerpo de un joven dirigente tucumano “Juan Carlos Suter (dos fojas)”.
Clemente fue uno de los testigos más resistidos por los abogados querellantes y también por la defensa de los represores en este juicio en el que, además de Albornoz, están acusados el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y dos policías. El represor Antonio Domingo Bussi quedó fuera de este juicio por problemas de salud. Clemente era acusado de ser “doble agente”, porque fue secuestrado pero después de ser liberado entró oficialmente a trabajar en la policía tucumana hasta que se retiró, en 1984. Por estos días atiende un quiosco de golosinas dentro de un colegio privado. Finalmente fue uno de los abogados de los represores quien pidió que se presentara a declarar. Nadie sabía lo que iba relatar frente a los jueces y mucho menos que iba a entregar memos de la represión. 20 de las 22 víctimas incluidas en la megacausa de la Jefatura de Policía en Tucumán figuran en los libros de la represión tucumana a los que tuvo acceso Página/12.
Clemente contó ante los magistrados que mantuvo esa documentación en secreto durante 34 años porque no confiaba en nadie y vivía permanentemente amenazado. En su relato, sostuvo que fue secuestrado el 23 de julio de 1976, llevado a Nueva Baviera, donde estuvo una semana, y después a la ex Jefatura, donde fue interrogado bajo torturas. Meses después le propusieron ingresar a una oficina administrativa del Servicio de Información Confidencial tucumana (SIC), donde lo hacían archivar papeles. A fines de 1977, cuando fue desmantelado ese organismo clandestino de la dictadura, y ya convertido en policía, dijo que logró rescatar esos dos biblioratos, en momentos en que la mayoría de los papeles se arrojaba a una fogata.
El testigo confirmó que en la época de su juventud, cuando era militante barrial de la Juventud Peronista y estudiante de Medicina de la UNT, le decían El Perro Clemente. Las frases más impactantes de su testimonio fueron: “arrojaban los papeles que no servían a una fogata y el resto no sé adónde iba”, “tenerlos (por los libros) era pena de muerte, por eso los envolví en plástico y los escondí bajo un entrepiso”.
Clemente volverá a sentarse frente a los jueces el próximo martes, cuando responda las preguntas de las partes. Los abogados de las víctimas y el fiscal general Alfredo Terraf pidieron una pericia caligráfica del represor Albornoz, ya que, según la declaración del testigo, muchos de los documentos tenían su firma.

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El 16 de septiembre de 1955, un golpe de Estado terminó con el gobierno democrático.

El gobierno de facto tomó medidas:
• Disolución del Congreso
• Intervención de los gobiernos provinciales
• Intervención de la CGT
• Intervención de la Universidad
• Disolución del Partido Peronista
• Fueron cesanteados los integrantes de la Corte Suprema de Justicia
• Constitución de la Comisión Nacional Investigadora
• Secuestro y desaparición del cadáver de Eva Perón
• Se devolvieron los depósitos bancarios a la banca privada
• Se liberaron los precios
• Se congelaron los salarios
• Se derogó la Constitución del 49
• Se sancionó el decreto ley Nº 4161 que prohibía nombrar a Perón y a Evita, utilizar sus fotos, decir “peronismo”, “peronista”, “justicialista”, “tercera posición”, cantar la marcha peronista.
• Se encarceló a los diputados y senadores que habían aprobado los Planes Quinquenales por “traición a la Patria”.
• Se llegó a fusilar a 31 hombres, civiles y militares, que al mando del general Juan José Valle habían intentado un golpe revolucionario con el fin de restituir la democracia.
• Se expuso el guardarropas de Evita en la Residencia Presidencial
• Se destruyeron los monumentos, estatuas, libros, revistas que tuvieran referencia a Perón o a Evita.
• Se liquidó el IAPI
• Se cierró la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón
• Se devaluó el peso
• Se produjo el ingreso al Fondo Monetario Internacional
• Se tomaron empréstitos que dieron comienzo a la deuda externa

En busca de una seguridad con valores democráticos

Dirigentes sociales, de organismos de derechos humanos y de distintos partidos políticos firmaron un acuerdo con propuestas para resolver de manera democrática la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Crítico diagnóstico a las políticas actuales.


Por Emilio Ruchansky

El texto del acuerdo



El Acuerdo para una política de seguridad democrática firmado en diciembre de 2009 por una vasta alianza multisectorial y multipartidaria observa con gran preocupación los retrocesos en materia de seguridad pública que representan muchas de las políticas desarrolladas durante los últimos años en la provincia de Buenos Aires, tanto por su probada ineficacia como por sus graves consecuencias en materia de vulneración de derechos fundamentales. Frente a esa realidad, este Acuerdo busca proponer alternativas para una resolución democrática de los problemas del delito y la inseguridad en el principal distrito del país.

Entre las numerosas regresiones ocurridas en materia de seguridad, se destacan:

- El desmantelamiento de los mecanismos que posibilitaban la gestión civil de la seguridad y la delegación del gobierno de la seguridad pública a la propia policía.

- La creación de una jefatura centralizada que concentra nuevamente en un único jefe de policía y una mínima “cúpula” integrada por comisarios generales el poder estratégico y de gestión sobre una fuerza de 52.000 efectivos y un presupuesto anual de 900 millones de dólares.

- La cesantía del personal civil y la restitución de las facultades policiales de investigación en la Auditoría de Asuntos Internos, un organismo especializado en la indagación y sanción administrativa de las irregularidades cometidas por los miembros de la fuerza policial.

- El traspaso de la potestad de realizar sumarios y aplicar sanciones disciplinarias de la dirección civil al jefe de policía.

- La reforma del estatuto policial que desalienta la profesionalización de la fuerza elimina la lógica de la especialización y recrea los escalafones Comando y General (antes Oficiales y Suboficiales), lo que representa una vuelta a la tradición de estamentos propia de las instituciones militarizadas.

- La reunificación de los ministerios de Seguridad y Justicia y la consecuente degradación del área ministerial en una secretaría que reduce las capacidades institucionales para ejercer el control civil y refuerza aún más la autonomía policial.

- La desarticulación de los mecanismos de control externo que se ejercían mediante los foros de seguridad y en coordinación con los gobiernos municipales, y el vaciamiento del área de participación y de las demás herramientas de control y evaluación comunitaria del funcionamiento policial.

- La eliminación de la autonomía del sistema centralizado de emergencias (línea 911) que dependía de las autoridades civiles del ministerio y funcionaba con personas especialmente preparadas para la atención telefónica, pero fueron reemplazadas por personal del área de seguridad sin capacidad técnica en la materia.

- Las propuestas de modificación del Código de Faltas y de la ley que regula los principios generales del Fuero de Familia y del Fuero Penal del Niño de la Provincia de Buenos Aires, que amplían las facultades de las fuerzas de seguridad para privar de la libertad a personas, poniendo en serio riesgo las libertades de los habitantes de la provincia y en particular de los menores de edad.

- La aprobación de una modificación del Código Procesal Penal provincial que restringe aún más las excarcelaciones, al establecer como no excarcelables los delitos cometidos con armas de fuego y aquellos en los que se haya utilizado a un menor de edad.

Estas políticas ya han sido probadas por varios gobiernos provinciales a lo largo de los últimos quince años, y su nulo impacto sobre la reducción del delito y las graves consecuencias que acarrean en términos de violación de derechos y garantías individuales permiten predecir su fracaso.

Por otra parte, la interrupción de algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad que tuvieron resultados positivos y el desmantelamiento de mecanismos de control que estaban en funcionamiento agravan los costos institucionales de estas intervenciones y alejan las posibilidades de dar una respuesta satisfactoria a los problemas.

Es por todo ello que los firmantes del Acuerdo realizan un llamamiento a los actores institucionales y sociales de la provincia de Buenos Aires para que asuman con responsabilidad desde el campo democrático la discusión de aquellas políticas públicas que se encuentran implementadas y en debate, y proponen algunas acciones que deberían formar parte de una agenda de seguridad democrática:

- Recuperar el funcionamiento de los órganos de gobierno y control civil de la gestión de la seguridad, especialmente los vinculados con el control disciplinario, producción de información, gestión de emergencias (Sistema 911) y de evaluación operativa de la fuerza policial.

- Retomar la orientación hacia la especialización, modernización funcional y descentralización de la gestión policial bajo la dirección de la autoridad civil del Ministerio de Seguridad, y poner fin al autogobierno policial.

- Recuperar y profundizar los mecanismos de participación comunitaria en el diagnóstico, planificación y control de gestión de la seguridad pública establecidos por la ley 12.154.

- Frenar las modificaciones legislativas orientadas a criminalizar la pobreza, la protesta social y la estigmatización de jóvenes y niños en situación de riesgo, e impulsar en su lugar iniciativas orientadas a la inclusión social y la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población.

- Promover la profesionalización de la investigación penal a través de la creación de una policía judicial que garantice la especialización, un alto nivel técnico y científico y su estricta separación de las tareas policiales de prevención.

- Promover una profunda reforma del sistema de encarcelamiento provincial, que incluya la desmilitarización y reestructuración del Servicio Penitenciario provincial; la democratización y profesionalización del sistema de encierro de jóvenes; el cumplimiento de la prohibición de mantener personas presas en comisarías, y el establecimiento de mecanismos de control interno y externo ejercidos por autoridades civiles.

- Ejercer un estricto control sobre las facultades policiales de detención y tratamiento de detenidos en dependencias policiales.

- Implementar el riguroso cumplimiento de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (CIDH), de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (ONU) y del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de la ONU.

- Promover la creación de un Observatorio Provincial del Delito y la Violencia e impulsar su extensión a los municipios.

“Generar consensos”

En los cinco minutos que tenía para exponer, Marcelo Saín se dedicó a analizar por qué sigue siendo viable, políticamente hablando, el autoritarismo impulsado por la derecha. “En principio porque sirve para disciplinar a ciertos sectores que ‘sobran’ para ellos, no para nosotros, que somos inclusivos”, dijo. Además, el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria estimó el rol crucial de la policía para ciertos sectores políticos: “Sirven para controlar el delito... lo regulan, son parte de él. Controlan que la magnitud del delito no toque a los políticos involucrados”.

Saín ejemplificó estas prácticas con el narcotráfico que “hace diez años era una microemprendimiento, y hoy es más complejo y tiene otra envergadura”. La espuria relación entre políticos y jerarcas policiales parece un negocio perfecto: “La policía tiene capacidad de autofinanciarse con recursos externos, controla y disciplina y repito: no cuesta desde lo financiero”. Para Saín, es preciso elaborar proyectos, tener equipos de gestión y construir legitimidad política y social. “Para esto también tenemos que generar consensos con la derecha democrática, negociar sentando nuestras bases. Si no lo hacemos, nos vamos a ir a casa con nuestras banderas pero se perpetúa la violencia”, concluyó.

Bajo tortura, ex dueña traspasó Papel Prensa a La Nación, Clarín y La Razón

Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 24 de mayo de 2010, p. 32
Buenos Aires, 23 de mayo. Los relatos de Lidia Papaleo de Graiver, detenida durante la dictadura militar (1976-1983), conmueven al país en las últimas horas, al revelar que el traspaso de las acciones de Papel Prensa de los herederos del empresario David Graiver a los diarios La Nación, Clarín y La Razón se hizo bajo torturas, y no dejó dudas sobre las complicidades entre civiles y militares en este caso.
El semanario dominical Miradas al Sur dio a conocer hoy el relato que hizo Papaleo de Graiver después de la reunión de los accionistas de Papel Prensa el pasado 20 de mayo. Aunque ya mucho había trascendido en otros tiempos, incluso por libros escritos sobre el caso Graiver y por lo relatos del también periodista Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia, quien sufrió secuestro y torturas, ahora es ella quien habla, despojada de todos los terrores, pero no de los recuerdos de su paso por el infierno.
Firmas o te mato, fue una de las órdenes dadas a esta mujer, cuyo marido murió en un sospechoso accidente aéreo en México el 7 de agosto de 1976, lo que Gasparini atribuye a un atentado en el cual intervino la Agencia Central de Inteligencia estadunidense, ya que este hombre estaba señalado como banquero de la organización Montoneros.

Revela Lidia Papaleo que no tuvo opción; represores le dijeron: firmas o te mato
Lidia Papaleo era muy joven y tenía una hija de un año cuando regresó al país, poco después de la muerte de su marido, porque le dijeron que era conveniente para solucionar los problemas de la empresa Papel Prensa.
“Fui forzada a vender todo. No hubo sugerencias, fue firmas o te mato (..) Yo desaparecí y todo lo que pasó fue estando desaparecida. También firmé en La Plata estando desaparecida. Hice los careos con (Jacobo) Timerman (quien era director del diario La Opinión y estuvo secuestrado en la Plata, provincia de Buenos Aires) y todo lo relacionado con ese diario estando desaparecida. Desde el departamento de policía me llevaban a declarar envuelta en una manta gris, porque estaba totalmente quemada, perdí mis pechos, mi abdomen y también mis genitales durante la tortura, y me operaron en la cárcel de un tumor cerebral por los golpes que recibí. Al salir de la cárcel seguí viviendo todo esto, me siguieron amenazando, tuve que intervenir el teléfono y la situación siguió, siguió y siguió.”
Ahora decidió hablar y lo hizo ante los accionistas de Papel Prensa y enfrentando a aquellos que participaron en los horrores de lograr un traspaso en esa temible situación.
Se le preguntó si había vendido antes o después de que estuvo en la cárcel, y respondió que había vendido “antes y durante. En la cárcel ya estaba legal, me sacaban y me traían desaparecida para firmar y hacer el careo continuo. En una oportunidad fui a una casa donde había dejado las acciones de La Opinión –yo tenía todas las acciones de La Opinión–. Fui a ese lugar con un señor que era mi torturador –si bien eran varios y Darío Rojo, que era uno de ellos, ya murió– y estaban presentes (Miguel) Etchecolatz y (Ramón) Camps (uno fallecido y el otro detenido y condenado a cadena perpetua en el primer juicio oral en La Plata). El otro que estaba presente, que no era policía, se llama Cozzani y era el encargado de torturarnos. A mi lado murió mucha gente, incluso niños, porque traían a los padres y, si no hablaban, mataban a sus niños. También violaban a todo hombre que entraba, que supuestamente era homosexual”, relató.
Uno de los rostros que más dijo recordar de esas reuniones es el de Héctor Magnetto, el hombre poderoso del monopolio Clarín. Yo siempre he dicho que me acuerdo más de los ojos y de la cara de Magnetto que la de mis torturadores. Me dijo que tenía que firmar.
Contó también que fue llevada en reiteradas oportunidades al edificio del diario La Nación para que se reuniera con Bartolomé Mitre (ex director), Héctor Magnetto, Bernardo Sofovich, Campos Carlés, todos ellos de los diarios que se quedaron con la mayoría del paquete accionario de Papel Prensa.
Esta operación de la que fue víctima (Lidia Papaleo) fue parte de la alianza estratégica entre los dictadores genocidas y los representantes de los grupos económicos-mediáticos más grandes de Argentina, señaló el analista Daniel Cechini, en Miradas al Sur.
También destaca la similitud de este caso con el de la familia Gutheim, padre e hijo, secuestrados para que vendieran su empresa por negocios que tenía en manos el ahora detenido ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.
Los hijos de Ernestina Herrera
A esta terrible historia, que en los últimos días fue ilustrada con la fotografía del brindis entre el ex dictador Jorge Rafael Videla y Ernestina Herrera de Noble, directora de Clarín, cuando se concretó el traspaso de Papel Prensa, se une otra denuncia.
El ex propietario del diario La Razón, José Pirillo, relató en esa misma reunión de accionistas que Magnetto, entonces gerente general del diario Clarín, le comentó que había gestionado ante Videla la obtención de dos chicos para la dueña del diario. Como se conoce, una juez acaba de dictaminar que debe hacerse de inmediato en el Banco de Datos Genéricos el examen de ADN para determinar si los dos hijos adoptados por Herrera de Noble durante la pasada dictadura son o no hijos de desaparecidos.
También contó cómo fue despojado de su diario en 1987, mediante una maniobra judicial, cuando rompió la sociedad con Papel Prensa y decidió publicar la historia completa de la familia Graiver.
Estas declaraciones aparecen como la punta del iceberg de una historia que tendrá consecuencias muy importantes para Argentina. Estamos comenzando a ver la pata civil de la siniestra dictadura y esto sí puede transformar profundamente al país, señalaron organismos humanitarios
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/05/24/index.php?section=mundo&article=032n1mun

Estos fastos mayas me permitieron sentir que algo estaba faltando, que
la bandera idolatrada de Manuel debía aún cumplir con un homenaje.
Quiero armar hoy una bandera muy, pero muy especial, para un fin
único.

Quiero armar una enseña con pedazos de cielo de mi Santiago y con
brazadas de nieve cordillerana desde Jujuy a Santa Cruz, ...Con azules
de océano como el que baña las costas de Buenos Aires hasta Ushuaia. Con
blancos de garzas del Litoral y de azúcar tucumano... Con nubes
cordobesas, chaqueñas, pampeanas y correntinas. Se trata de un paño que
deberá ser orlado con hojitas de laurel, ramitos de albahaca, azahares
de limonero y flores de ceibo.

Las manos que trabajen en esta bandera, han de ser de madres que
perdieron alguna hija o algún hijo y que no pudieron sepultarlos, madres
que por su origen nos representen. Deberán provenir de familias tobas,
"tanas", "gallegas", árabes, mapuches, judías, matacas, etc. Es decir,
de cada sangre con la que se construyó este país, ... de cada raza :
aborigen, blanca, negra, con que se aportó a esta Nación.

Una vez confeccionada esta enseña, se deberán cortar paños que han de
envolver a un querido fallecido cuyo cuerpo nos fuera negado. Serán
mortajas para un santo, un héroe y un mártir, todo en una misma persona.


Es que necesito arropar a un argentino, o más bien a miles de ellos,
que aunque de cuerpo ausente, le dan brillo a este Mayo. Sin este paño
que los envuelva, que los arrope, el frío del olvido impedirá sus sueños
de justos.

Estos paños son para envolver de caricia a cada joven asesinado y
desaparecido en los años miserables de la ultima dictadura , como
también para amortajar cariñosamente a cada joven muerto en el
hundimiento del "Belgrano", así como a los chicos que cayeron en suelo
de Malvinas.

Los fusilados, los arrojados vivos al mar, los sepultados como N N ,
cada uno de ellos, militantes sociales o conscriptos/colimbas, murieron
con un sueño : una Argentina en paz, en libertad , un país que cobije
sonrisas y abrazos, que cante junta, (como ese país de los últimos
festejos del Bicentenario). Una tierra libre de opresión externa como de
dictaduras y represiones internas.

Mayo de 1810 fue el primer grito de libertad. Hoy, abrazando a nuestros
jóvenes muertos, peguemos otro alarido, como Pueblo que somos, por un
Nunca más de corazón.

Nunca más la muerte por sobre la Vida.
Nunca más la noche de la injusticia y la barbarie.
Nunca más el privilegio de unos cuántos, por sobre el derecho de
todos.

Julio Virginio Gallardo.