En busca de una seguridad con valores democráticos

Dirigentes sociales, de organismos de derechos humanos y de distintos partidos políticos firmaron un acuerdo con propuestas para resolver de manera democrática la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Crítico diagnóstico a las políticas actuales.


Por Emilio Ruchansky

El texto del acuerdo



El Acuerdo para una política de seguridad democrática firmado en diciembre de 2009 por una vasta alianza multisectorial y multipartidaria observa con gran preocupación los retrocesos en materia de seguridad pública que representan muchas de las políticas desarrolladas durante los últimos años en la provincia de Buenos Aires, tanto por su probada ineficacia como por sus graves consecuencias en materia de vulneración de derechos fundamentales. Frente a esa realidad, este Acuerdo busca proponer alternativas para una resolución democrática de los problemas del delito y la inseguridad en el principal distrito del país.

Entre las numerosas regresiones ocurridas en materia de seguridad, se destacan:

- El desmantelamiento de los mecanismos que posibilitaban la gestión civil de la seguridad y la delegación del gobierno de la seguridad pública a la propia policía.

- La creación de una jefatura centralizada que concentra nuevamente en un único jefe de policía y una mínima “cúpula” integrada por comisarios generales el poder estratégico y de gestión sobre una fuerza de 52.000 efectivos y un presupuesto anual de 900 millones de dólares.

- La cesantía del personal civil y la restitución de las facultades policiales de investigación en la Auditoría de Asuntos Internos, un organismo especializado en la indagación y sanción administrativa de las irregularidades cometidas por los miembros de la fuerza policial.

- El traspaso de la potestad de realizar sumarios y aplicar sanciones disciplinarias de la dirección civil al jefe de policía.

- La reforma del estatuto policial que desalienta la profesionalización de la fuerza elimina la lógica de la especialización y recrea los escalafones Comando y General (antes Oficiales y Suboficiales), lo que representa una vuelta a la tradición de estamentos propia de las instituciones militarizadas.

- La reunificación de los ministerios de Seguridad y Justicia y la consecuente degradación del área ministerial en una secretaría que reduce las capacidades institucionales para ejercer el control civil y refuerza aún más la autonomía policial.

- La desarticulación de los mecanismos de control externo que se ejercían mediante los foros de seguridad y en coordinación con los gobiernos municipales, y el vaciamiento del área de participación y de las demás herramientas de control y evaluación comunitaria del funcionamiento policial.

- La eliminación de la autonomía del sistema centralizado de emergencias (línea 911) que dependía de las autoridades civiles del ministerio y funcionaba con personas especialmente preparadas para la atención telefónica, pero fueron reemplazadas por personal del área de seguridad sin capacidad técnica en la materia.

- Las propuestas de modificación del Código de Faltas y de la ley que regula los principios generales del Fuero de Familia y del Fuero Penal del Niño de la Provincia de Buenos Aires, que amplían las facultades de las fuerzas de seguridad para privar de la libertad a personas, poniendo en serio riesgo las libertades de los habitantes de la provincia y en particular de los menores de edad.

- La aprobación de una modificación del Código Procesal Penal provincial que restringe aún más las excarcelaciones, al establecer como no excarcelables los delitos cometidos con armas de fuego y aquellos en los que se haya utilizado a un menor de edad.

Estas políticas ya han sido probadas por varios gobiernos provinciales a lo largo de los últimos quince años, y su nulo impacto sobre la reducción del delito y las graves consecuencias que acarrean en términos de violación de derechos y garantías individuales permiten predecir su fracaso.

Por otra parte, la interrupción de algunos procesos de reforma de las instituciones de seguridad que tuvieron resultados positivos y el desmantelamiento de mecanismos de control que estaban en funcionamiento agravan los costos institucionales de estas intervenciones y alejan las posibilidades de dar una respuesta satisfactoria a los problemas.

Es por todo ello que los firmantes del Acuerdo realizan un llamamiento a los actores institucionales y sociales de la provincia de Buenos Aires para que asuman con responsabilidad desde el campo democrático la discusión de aquellas políticas públicas que se encuentran implementadas y en debate, y proponen algunas acciones que deberían formar parte de una agenda de seguridad democrática:

- Recuperar el funcionamiento de los órganos de gobierno y control civil de la gestión de la seguridad, especialmente los vinculados con el control disciplinario, producción de información, gestión de emergencias (Sistema 911) y de evaluación operativa de la fuerza policial.

- Retomar la orientación hacia la especialización, modernización funcional y descentralización de la gestión policial bajo la dirección de la autoridad civil del Ministerio de Seguridad, y poner fin al autogobierno policial.

- Recuperar y profundizar los mecanismos de participación comunitaria en el diagnóstico, planificación y control de gestión de la seguridad pública establecidos por la ley 12.154.

- Frenar las modificaciones legislativas orientadas a criminalizar la pobreza, la protesta social y la estigmatización de jóvenes y niños en situación de riesgo, e impulsar en su lugar iniciativas orientadas a la inclusión social y la igualdad de oportunidades para todos los sectores de la población.

- Promover la profesionalización de la investigación penal a través de la creación de una policía judicial que garantice la especialización, un alto nivel técnico y científico y su estricta separación de las tareas policiales de prevención.

- Promover una profunda reforma del sistema de encarcelamiento provincial, que incluya la desmilitarización y reestructuración del Servicio Penitenciario provincial; la democratización y profesionalización del sistema de encierro de jóvenes; el cumplimiento de la prohibición de mantener personas presas en comisarías, y el establecimiento de mecanismos de control interno y externo ejercidos por autoridades civiles.

- Ejercer un estricto control sobre las facultades policiales de detención y tratamiento de detenidos en dependencias policiales.

- Implementar el riguroso cumplimiento de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (CIDH), de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (ONU) y del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de la ONU.

- Promover la creación de un Observatorio Provincial del Delito y la Violencia e impulsar su extensión a los municipios.

“Generar consensos”

En los cinco minutos que tenía para exponer, Marcelo Saín se dedicó a analizar por qué sigue siendo viable, políticamente hablando, el autoritarismo impulsado por la derecha. “En principio porque sirve para disciplinar a ciertos sectores que ‘sobran’ para ellos, no para nosotros, que somos inclusivos”, dijo. Además, el ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria estimó el rol crucial de la policía para ciertos sectores políticos: “Sirven para controlar el delito... lo regulan, son parte de él. Controlan que la magnitud del delito no toque a los políticos involucrados”.

Saín ejemplificó estas prácticas con el narcotráfico que “hace diez años era una microemprendimiento, y hoy es más complejo y tiene otra envergadura”. La espuria relación entre políticos y jerarcas policiales parece un negocio perfecto: “La policía tiene capacidad de autofinanciarse con recursos externos, controla y disciplina y repito: no cuesta desde lo financiero”. Para Saín, es preciso elaborar proyectos, tener equipos de gestión y construir legitimidad política y social. “Para esto también tenemos que generar consensos con la derecha democrática, negociar sentando nuestras bases. Si no lo hacemos, nos vamos a ir a casa con nuestras banderas pero se perpetúa la violencia”, concluyó.

Bajo tortura, ex dueña traspasó Papel Prensa a La Nación, Clarín y La Razón

Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 24 de mayo de 2010, p. 32
Buenos Aires, 23 de mayo. Los relatos de Lidia Papaleo de Graiver, detenida durante la dictadura militar (1976-1983), conmueven al país en las últimas horas, al revelar que el traspaso de las acciones de Papel Prensa de los herederos del empresario David Graiver a los diarios La Nación, Clarín y La Razón se hizo bajo torturas, y no dejó dudas sobre las complicidades entre civiles y militares en este caso.
El semanario dominical Miradas al Sur dio a conocer hoy el relato que hizo Papaleo de Graiver después de la reunión de los accionistas de Papel Prensa el pasado 20 de mayo. Aunque ya mucho había trascendido en otros tiempos, incluso por libros escritos sobre el caso Graiver y por lo relatos del también periodista Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia, quien sufrió secuestro y torturas, ahora es ella quien habla, despojada de todos los terrores, pero no de los recuerdos de su paso por el infierno.
Firmas o te mato, fue una de las órdenes dadas a esta mujer, cuyo marido murió en un sospechoso accidente aéreo en México el 7 de agosto de 1976, lo que Gasparini atribuye a un atentado en el cual intervino la Agencia Central de Inteligencia estadunidense, ya que este hombre estaba señalado como banquero de la organización Montoneros.

Revela Lidia Papaleo que no tuvo opción; represores le dijeron: firmas o te mato
Lidia Papaleo era muy joven y tenía una hija de un año cuando regresó al país, poco después de la muerte de su marido, porque le dijeron que era conveniente para solucionar los problemas de la empresa Papel Prensa.
“Fui forzada a vender todo. No hubo sugerencias, fue firmas o te mato (..) Yo desaparecí y todo lo que pasó fue estando desaparecida. También firmé en La Plata estando desaparecida. Hice los careos con (Jacobo) Timerman (quien era director del diario La Opinión y estuvo secuestrado en la Plata, provincia de Buenos Aires) y todo lo relacionado con ese diario estando desaparecida. Desde el departamento de policía me llevaban a declarar envuelta en una manta gris, porque estaba totalmente quemada, perdí mis pechos, mi abdomen y también mis genitales durante la tortura, y me operaron en la cárcel de un tumor cerebral por los golpes que recibí. Al salir de la cárcel seguí viviendo todo esto, me siguieron amenazando, tuve que intervenir el teléfono y la situación siguió, siguió y siguió.”
Ahora decidió hablar y lo hizo ante los accionistas de Papel Prensa y enfrentando a aquellos que participaron en los horrores de lograr un traspaso en esa temible situación.
Se le preguntó si había vendido antes o después de que estuvo en la cárcel, y respondió que había vendido “antes y durante. En la cárcel ya estaba legal, me sacaban y me traían desaparecida para firmar y hacer el careo continuo. En una oportunidad fui a una casa donde había dejado las acciones de La Opinión –yo tenía todas las acciones de La Opinión–. Fui a ese lugar con un señor que era mi torturador –si bien eran varios y Darío Rojo, que era uno de ellos, ya murió– y estaban presentes (Miguel) Etchecolatz y (Ramón) Camps (uno fallecido y el otro detenido y condenado a cadena perpetua en el primer juicio oral en La Plata). El otro que estaba presente, que no era policía, se llama Cozzani y era el encargado de torturarnos. A mi lado murió mucha gente, incluso niños, porque traían a los padres y, si no hablaban, mataban a sus niños. También violaban a todo hombre que entraba, que supuestamente era homosexual”, relató.
Uno de los rostros que más dijo recordar de esas reuniones es el de Héctor Magnetto, el hombre poderoso del monopolio Clarín. Yo siempre he dicho que me acuerdo más de los ojos y de la cara de Magnetto que la de mis torturadores. Me dijo que tenía que firmar.
Contó también que fue llevada en reiteradas oportunidades al edificio del diario La Nación para que se reuniera con Bartolomé Mitre (ex director), Héctor Magnetto, Bernardo Sofovich, Campos Carlés, todos ellos de los diarios que se quedaron con la mayoría del paquete accionario de Papel Prensa.
Esta operación de la que fue víctima (Lidia Papaleo) fue parte de la alianza estratégica entre los dictadores genocidas y los representantes de los grupos económicos-mediáticos más grandes de Argentina, señaló el analista Daniel Cechini, en Miradas al Sur.
También destaca la similitud de este caso con el de la familia Gutheim, padre e hijo, secuestrados para que vendieran su empresa por negocios que tenía en manos el ahora detenido ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.
Los hijos de Ernestina Herrera
A esta terrible historia, que en los últimos días fue ilustrada con la fotografía del brindis entre el ex dictador Jorge Rafael Videla y Ernestina Herrera de Noble, directora de Clarín, cuando se concretó el traspaso de Papel Prensa, se une otra denuncia.
El ex propietario del diario La Razón, José Pirillo, relató en esa misma reunión de accionistas que Magnetto, entonces gerente general del diario Clarín, le comentó que había gestionado ante Videla la obtención de dos chicos para la dueña del diario. Como se conoce, una juez acaba de dictaminar que debe hacerse de inmediato en el Banco de Datos Genéricos el examen de ADN para determinar si los dos hijos adoptados por Herrera de Noble durante la pasada dictadura son o no hijos de desaparecidos.
También contó cómo fue despojado de su diario en 1987, mediante una maniobra judicial, cuando rompió la sociedad con Papel Prensa y decidió publicar la historia completa de la familia Graiver.
Estas declaraciones aparecen como la punta del iceberg de una historia que tendrá consecuencias muy importantes para Argentina. Estamos comenzando a ver la pata civil de la siniestra dictadura y esto sí puede transformar profundamente al país, señalaron organismos humanitarios
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/05/24/index.php?section=mundo&article=032n1mun

Estos fastos mayas me permitieron sentir que algo estaba faltando, que
la bandera idolatrada de Manuel debía aún cumplir con un homenaje.
Quiero armar hoy una bandera muy, pero muy especial, para un fin
único.

Quiero armar una enseña con pedazos de cielo de mi Santiago y con
brazadas de nieve cordillerana desde Jujuy a Santa Cruz, ...Con azules
de océano como el que baña las costas de Buenos Aires hasta Ushuaia. Con
blancos de garzas del Litoral y de azúcar tucumano... Con nubes
cordobesas, chaqueñas, pampeanas y correntinas. Se trata de un paño que
deberá ser orlado con hojitas de laurel, ramitos de albahaca, azahares
de limonero y flores de ceibo.

Las manos que trabajen en esta bandera, han de ser de madres que
perdieron alguna hija o algún hijo y que no pudieron sepultarlos, madres
que por su origen nos representen. Deberán provenir de familias tobas,
"tanas", "gallegas", árabes, mapuches, judías, matacas, etc. Es decir,
de cada sangre con la que se construyó este país, ... de cada raza :
aborigen, blanca, negra, con que se aportó a esta Nación.

Una vez confeccionada esta enseña, se deberán cortar paños que han de
envolver a un querido fallecido cuyo cuerpo nos fuera negado. Serán
mortajas para un santo, un héroe y un mártir, todo en una misma persona.


Es que necesito arropar a un argentino, o más bien a miles de ellos,
que aunque de cuerpo ausente, le dan brillo a este Mayo. Sin este paño
que los envuelva, que los arrope, el frío del olvido impedirá sus sueños
de justos.

Estos paños son para envolver de caricia a cada joven asesinado y
desaparecido en los años miserables de la ultima dictadura , como
también para amortajar cariñosamente a cada joven muerto en el
hundimiento del "Belgrano", así como a los chicos que cayeron en suelo
de Malvinas.

Los fusilados, los arrojados vivos al mar, los sepultados como N N ,
cada uno de ellos, militantes sociales o conscriptos/colimbas, murieron
con un sueño : una Argentina en paz, en libertad , un país que cobije
sonrisas y abrazos, que cante junta, (como ese país de los últimos
festejos del Bicentenario). Una tierra libre de opresión externa como de
dictaduras y represiones internas.

Mayo de 1810 fue el primer grito de libertad. Hoy, abrazando a nuestros
jóvenes muertos, peguemos otro alarido, como Pueblo que somos, por un
Nunca más de corazón.

Nunca más la muerte por sobre la Vida.
Nunca más la noche de la injusticia y la barbarie.
Nunca más el privilegio de unos cuántos, por sobre el derecho de
todos.

Julio Virginio Gallardo.

Carlos Benjamín Santillán

La Asociación por Memoria, Verdad y Justicia de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y ex presos políticos de Santiago del Estero acompañamos en esta ocasión trascendente, a los hijos e hija de Carlos y a las familias Santillán y Lanzilloto.

Carlos Benjamín Santillán fue un reconocido militante político, secuestrado y desaparecido por la dictadura genocida –como tantos miles y miles de militantes políticos, luchadores populares y ciudadanos y ciudadanas opositores a los planes criminales de los militares (y de sus còmplices civiles) que usurparon el poder político de la Nación entregando el patrimonio económico del país y destruyendo el tejido social solidario para imponernos un modelo de país que, sembrando terror, despidos masivos, alarmante desocupación y cierre de fábricas, resultó en beneficio exclusivo de los grandes capitales transnacionales y socios locales.

Las consecuencias que nos dejó la dictadura genocida, las sufrimos a diario. Por eso, es ésta una ocasión especial donde queremos homenajear en Carlos, a todos nuestros desaparecidos y desaparecidas, que ofrendaron sus vidas para la construcción de un país con equidad y posibilidades de vida digna para todos y todas.

Y porque consideramos imprescindible apoyarnos en tres pilares fundamentales que son la Memoria, la Verdad y la Justicia para poder avanzar en la construcción del país por el que soñaron y ofrendaron sus vidas nuestros queridos desaparecidos y desaparecidas, reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad de los hechos acontecidos durante el terrorismo de estado con cada uno de nuestros desaparecidos, torturados, asesinados y encarcelados para que sean juzgados y condenados los responsables sin más dilaciones ni sabotajes judiciales de quienes se resisten a la construcción de una memoria colectiva y activa, que no permita nunca más la repetición de la tragedia y ni la impunidad.

Es esta también una ocasión en la que queremos rendir homenaje a don Santillán, padre de Carlos, quien fuera uno de nuestros pioneros en la organización de Familiares en la provincia, a fines de los 60, (durante la dictadura del 66 al 73) asistiendo y acompañando a los presos políticos y exigiendo la inmediata libertad de los presos de la dictadura de Onganía y Lanusse. Luego de la desaparición de sus hijos Carlos y María Cristina y junto con organismos de DDHH exigiendo la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos. A el nuestro reconocimiento y nuestra memoria.

- Carlos Benjamín Santillán, presente ahora y siempre!
- 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, presentes, ahora y siempre!
- Juicio y castigo ya a los responsables del genocidio y sus cómplices!
Por MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, en Santiago del Estero, 28 de mayo de 2010.-

“Construir memoria es una visión de futuro”

Luis Garay y el bicentenario*

El historiador santiagueño y director del Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero da su impresión del impacto histórico que el bicentenario tiene para los santiagueños y recuerda las deudas que son necesarias saldar.

Luis Garay trabaja con la historia como herramienta cotidiana sobre todo aquella que revisita la presencia de los pobladores originarios en nuestra provincia. Es por eso que su visión de este revisionismo está atravesada por ese tamiz.
“Hay distintas miradas sobre esta cuestión y mucho tiene que ver ese desde donde se está mirando, qué es lo que visibiliza y qué es lo no. Creo que es una oportunidad única para hacer visible todo aquello que la construcción del estado nacional invisibiliza a partir de la declaración de la independencia o planteado desde otro ángulo. Sirve para saber quienes celebran estos 200 años y quienes quedan afuera de esto”.
Para Garay la gesta de descolonización es importante, no puede pasar desapercibida, “pero si nosotros la usamos para seguir ocultando una realidad que este bicentenario no pudo resolver al respecto de una inmensa proporción de la población originaria no sólo de Argentina sino en general de América Latina, quedará como que este bicentenario sirve sólo a aquellos que fueron incluidos en un nuevo proyecto de país”.
Personalmente Garay dice ubicarse desde aquellos sectores que no fueron incluidos en este proyecto “para hacer oír su voz y están reclamando esas viejas deudas que tienen cinco siglos en este territorio. Hoy, estos sectores se identifican como pueblos originarios emergentes del proceso de colonización y que fueron incluidos del proyecto de nación como tales, a los que nunca se les respetó su cultura, su lengua, en definitiva su identidad y que para poder ser argentinos tuvieron que dejar de ser todo aquello que de alguna manera venían siendo. Esto es lo que propone el proyecto educativo que es el sustento sobre el cual se construye el estado nacional de hecho”.

Bicentenario en Latinoamérica

“Creo que hay un ambiente que es propicio para el planteo y la reflección de estas cuestiones. Hay una serie de fenómenos que incluso tienen que ver con la globalización de la economía y la cultura que, como premisa esencial era necesario destruir el concepto de Nación que bajo del cual subsistían estos pueblos que estaban invisibilizados dentro de ese proyecto. Al romperse vuelve a ser visible y la diversidad vuelve a ser palpable y por supuesto los reclamos que eso trajo aparejado, fundamentalmente el derecho a la tierra. Ver que pasó con estos pueblos originarios, quienes fueron los dueños de estas tierras y que fueron despojados de sus derechos y negada su cultura e identidad como tales. Hay que analizar que pasó con ellos cuando se fueron los españoles, cual fue el reconocimiento de los nuevos estados hacia ellos. Esa es una deuda pendiente, que hoy, al producirse todo un proceso de reconocimiento de la multiculturalidad, ya no podemos resolver esta problemática homogenizando en un solo identitario argentino. Bajo de ese concepto de argentinidad hay una diversidad que hoy ya no se la puede ocultar, que reclama derechos porque tampoco alcanza con el reconocimiento verbal. Esta diversidad no es alegre, arrastra deudas de pueblos que han sufrido la tragedia de la conquista y la colonización, tragedia que nunca fue resulta en término de derechos. Esta diversidad necesita igualación y parecerse a lo que debería se un nuevo contrato social en la cual esta diversidad está contenida”.

Bicentenario y Santiago

“La realidad de Santiago del Estero no escapa ni al contexto nacional ni al internacional. Uno puede estar más de acuerdo con algunas posturas y menos con otras, con el nuevo proceso de reetnizacion y de identificación pero con lo que no se puede dejar de estar de acuerdo es con que esta diversidad debe lograr una igualación en derechos constitucionales. Quizás exija la necesidad de revisar ese contrato social de tal manera que pueda contener esta diversidad que se está planteando. Un ejemplo concreto y simple es el tema de quichua. Es una lengua emergente del proceso de colonización pero que quedó como lengua de una gran porción de la población santiagueña sobre todo rural. Son lo únicos que establecen una línea de continuidad histórica con aquellos viejos pobladores prehispánicos. Sin embargo esta lengua estuvo expresamente prohibida en la educación hasta 1983. Hoy no está prohibida y la constitución hace un reconocimiento muy mezquino de esta lengua que encuentra grandes dificultades para operativizarse en los planes de educación pública. Hoy deberíamos plantearnos si el quichua debería ser la primera lengua para muchos sectores de la población de Santiago del Estero y no una concesión que parece graciosa, de poder enseñarla como se enseña cualquier lengua extranjera. Para muchos pobladores es la primera lengua. Muchas veces se dice que esta es una lengua perdida, que no se la escucha comúnmente. Esta es una comprensión muy limitada. La lengua abarca mucho más que la expresión oral y escrita. Está sustentada sobre estructuras mentales que se han ido formando a lo largo del tiempo y que no coincide con el pensamiento que se puede expresar con la lengua castellana. Es toda una población que a pesar de no hablar en quichua, piensa en quichua”.

Proyección

“La importancia de la construcción de la memoria tiene que ver también con la visión de futuro. No es casual que el debilitamiento de la memoria conlleva un debilitamiento de las utopías. Eso no es casual. Eso se va naturalizando sin entender que la administración del tiempo ya no nos pertenece sino a aquellos sectores que necesitan establecer tipos de tiempo en los que la memoria y el futuro son innecesarios. Deberíamos hacer conciencia para poder liberarnos y encontrar estos resquicios que nos permitan mirar estas cuestiones desde otro lugar que tienen que ver con el pasado pero que también con el presente y sobre todo con la necesidad de las utopías. La resignificación del pasado se la hace desde el presente y con las necesidades que hoy se tienen. Nos acostumbramos a tomar la historia como algo que está dado, que está escrito. Sin embargo esa mirada al pasado que la visión institucionalizada es la que se encarga de difundir no es la única historia que hay. Hay otras voces, rostros, cuerpos que están expresando la memoria de otros tiempos y que es necesario incorporar. Estos 200 años nos traen a colación todo porque debemos fijarnos en el presente que estamos atravesando donde hay muchas deudas que saldar. Estamos en camino pero ese camino debe contar a aquellos que circunstancialmente no nos acompañan”.

*Publicado en Notiexpress Santiago del Estero

Exiliados e imputables

10/05/10

Por Silvana Melo

(APe).- Sentado en el cordón de cualquier vereda del conurbano, se abraza las rodillas y asoma apenas los ojos desde la capucha del buzo azul oscuro. Mira al mundo con la misma desconfianza con que el mundo -desde el colectivo o desde el supermercado- lo mira a él. Lo han convertido en un animalito a la defensiva. Preparado para atacar después del zarpazo al que lo tienen acostumbrado sus catorce años de respirar esos aires negros.

Sabe que es blanco fácil para el calabozo por origen, no más. Ni idea tiene de que si la Cámara de Diputados firma alegremente lo que el Senado aprobó en noviembre del año pasado, el calabozo será legalizado y sin hendijas para el pataleo.
Tampoco sabe -porque nadie habla con él, porque no lo tienen en cuenta, porque los legisladores no saben cómo nació, cómo sobrevive, cómo es su no familia ni lo que se mete en los pulmones cuando siente que no se anima a nada- que se lo demoniza en la tele, que se lo condena en las fortalezas detrás de las rejas que los ciudadanos se construyen para defenderse de él. No sabe que están esperando desde hace meses un crimen resonante para colar la ley en Diputados, en medio de la verborragia histérica de estos tiempos, y ganar el aplauso porque se está haciendo la patria firme y justa del bicentenario. A costa de aquellos a los que se abandonó y se condenó desde el vientre, a costa de todos aquellos a quienes se suprime sistemáticamente porque la patria del bicentenario será para pocos y elegidos.

La abstracta opinión pública, sin rostro pero con fuerte palabra, la cadena mediática de reproducción de sangre y la burda política que responde a los estímulos ocasionales pero también a su convicción filosófica, esperan. Hay tanto niño criminal que la compulsión que apretó al Senado fue la balacera contra el ex futbolista Fernando Cáceres. Cinco meses después, sin embargo, Diputados todavía espera la próxima noticia estridente de pólvora que se le endilgue a un pibe para poner el grito en el cielo y levantar las manos con pretensiones de unanimidad. Y que finalmente se baje la edad de imputabilidad a 14 años y el alarido social aplaque los decibeles y la televisión se regocije y ya nadie deba tener miedo de que la pequeña negritud baje de las villas en bandadas a quedarse con los bienes y los males de los elegidos para este lado del mundo.

En 2010, la Argentina de las contradicciones bicentenarias pondrá en marcha el límite para el trabajo infantil en los 16 años. Pero se los podrá juzgar y encerrar a los 14. El mismo Estado que invisibiliza a seis millones y medio de chicos menores de 18 años sumidos en la pobreza -la mitad de ellos indigentes-, el mismo que dejó sin atención médica mínima al 47% de ellos, el mismo que permite con su ausencia la muerte de 25 diariamente por causas emparentadas con el hambre, el mismo que les quebró la familia, el que los hacina de a ocho en cuartos miserables, ese mismo se rasga las vestiduras ante el pibe que roba, que ataca, que transgrede como forma de supervivencia. Con las drogas en una invasión sin freno en los sectores más populares, como un puñal disciplinador que deshinibe para la muerte o mata por propia eficiencia. Todo huele a una oscura política de dilusión y barrido de residuos.

Durante el siglo de existencia de la Ley de Patronato se encerraba a los pibes en terribles ensayos de cárceles: el 90 por ciento estaban presos por pobres. Ese 90 por ciento quedó, en la provincia de Buenos Aires, a la buena de dios -es decir, de las organizaciones sociales a las que el Estado les paga las becas cuando el dinero logra esquivar las prioridades represivas o la férrea estructura de corrupción que todo lo resiste- y sólo se discute qué hacer con el pibe de 14 que comete un delito grave. No hay espacio ni políticas ni ojos ni reparo ni sopa caliente para el resto. Hasta que el horror los convierta en primera plana. Y siga dando vueltas con dramática eficiencia el engranaje que decide quiénes recibirán al futuro con palmas en una vereda soleada y quiénes, como él, que se abraza las rodillas en el cordón de una vereda del conurbano, lo verán pasar desde los ventanucos invisibles de un exilio de paco y estigma.


Fuentes de datos:
Diario Página 12, Infobae, UNICEF, Save de Children
y Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh

COLECTIVO JUICIO Y CASTIGO

El colectivo “Juicio y Castigo” de Santiago del Estero está conformado por organizaciones de Derechos Humanos, organizaciones sociales, partidos políticos, centros de estudiantes universitarios y secundarios.
Con una participación amplia y diversa, el colectivo se define como un espacio de lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia que pretende romper el cerco de la impunidad que desde hace más de treinta años impide la realización de los juicios y el debido castigo a los responsables del genocidio en nuestra provincia.
La posibilidad de llevar a cabo los juicios, abierta hace siete años, se debate hoy con la incertidumbre de un tiempo que se estira cómplice, entre vericuetos y trampas legales, desapariciones (Julio López), crímenes (Silvia Suppo) y amenazas directas y veladas a testigos, lo que convierte la vía judicial en un andamiaje montado para conspirar contra la propia justicia y la verdad, apostando al miedo, el cansancio y la desazón.

Frente a esta realidad, nuestra presencia se afirma en el compromiso asumido, en el convencimiento de que la búsqueda de la verdad y la justicia, constituyen bases sólidas para una verdadera democracia que funcione con equidad y solidaridad.
Alzamos la voz para denunciar a los sectores políticos que todavía pretenden a tender un manto de impunidad y de olvido sobre la historia, echando a andar los vientos de la amnistía con los viejos argumentos de la “teoría de los dos demonios“, que transforma los crímenes de lesa humanidad -ejecutados sistemáticamente por el Estado convertido en terrorista- en “excesos” de una supuesta “guerra no querida”.
Asimismo, nos pronunciamos contra los intentos de vaciar de contenido político nuestra lucha, instalando una falsa contradicción entre los derechos humanos de ayer y los de hoy, despreciando maliciosamente el camino iniciado hace mas de treinta años por familiares y organismos de derechos humanos; un camino que une los tiempos en una sola lucha.
El juicio y castigo de todos los delitos de lesa humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado resultan imprescindibles para desterrar la impunidad que aún ampara a muchos genocidas y naturaliza sus prácticas en el seno de una sociedad que ya las condenó.
Denunciamos la obstrucción premeditada de sectores del Poder Judicial que permanentemente sabotea los intentos de investigación y avance de las causas en nuestro país por lo cual exigimos a todas las instancias del Estado, un compromiso firme para la superación de estas trabas y se haga justicia.
Desde este COLECTIVO JUICIO Y CASTIGO decimos:
¡Juicio oral y público por el crimen de Cecilio Kamenetsky YA !!
¡ Cárcel común y efectiva para sus responsables !!
Santiago del Estero, 06 de mayo de 2010


Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia – Familiares de Desaparecidos y Ex presos políticos de Santiago del Estero
Asamblea permanente por los derechos humanos
Red por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo
Cátedra Libre de DDHH de la UNSE
Servicio de Educación Popular y Desarrollo
Practica Alternativa del Derecho
Movimiento Universitario SUR
Agrupación Universitaria MARIATEGUI
Libres del Sur
Barrios de Pie
Federación de Tierra y Vivienda (FTV)
Juventud de CTA Santiago del Estero
Movimiento Evita
Compromiso Social
Partido Comunista
Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo
Movimiento Tupac Amaru